[Español Abajo]
A dangerous and far-reaching piece of legislation is making its way through Congress right now that, if passed, would provide a giveaway to the ultra rich, while hurting those with the least, especially immigrant and currently oppressed communities.
Yesterday, the Senate narrowly passed this bill after Vice President Vance cast a tie-breaking vote. This ugly budget bill now moves to the House for a final vote. This legislation is not just a budget, it’s a ruthless plan to expand state-sanctioned violence on immigrant communities, deepen racial and economic inequalities, and fundamentally reshape our society through mass incarceration and systematic exclusion.
In less than six months, we have witnessed the ruthless and escalating violence that this administration is enacting on immigrants and refugees. In the state of Washington, we have seen dozens of roofers in Bellingham and warehouse workers in Kent detained during workplace raids along with many more workers across the state suddenly—and in some cases violently—ripped away from their loved ones by immigration agents.
We have seen the numbers of people held at the Northwest ICE Processing Center in Tacoma rise to over-capacity alongside the reports of the unsafe and dangerous conditions inside. We have heard the fear in our communities as masked and unidentified ICE agents have shown up to hospitals, child care centers, courthouses, community colleges, and neighborhood grocery stores to take people away in unmarked cars.
If passed, this mega budget bill would give an estimated $150 billion to immigration enforcement agencies. This would be more than 13 times ICE’s current budget—meaning 13 times more workplace raids, 13 times more detentions, 13 times more fear in our communities.
Our Deportation Defense Hotline has already seen a rise in community reports of raids, detentions, and arrests since the start of the year—this bill would only serve to expand this system of surveillance and fear in our communities.
This bill is a direct continuation of the U.S.’s long history of racialized economic control and punishment of low-income and immigrant families. The proposed funding would be an unprecedented expansion of the infrastructure of mass detentions and deportations by:
- Hiring thousands of additional ICE and CBP officers, increasing the number of agents who are deploying aggressive enforcement tactics without accountability;
- Building over 2,000 miles of border wall and barriers along the northern and southern borders and expanding the use of surveillance;
- Expanding the capacity of ICE detention centers in order to hold more than 100,000 people, including children, on any given day;
- Dismantling protections and support for immigrant children, including unaccompanied minors, making it harder for children to reunite with their families and removing limits on how long kids are locked up;
- Dramatically increasing the costs of some immigration application processes, including asylum, putting a price tag on the act of seeking safety and protection; and
- Imposing a 3.5% tax on remittance payments sent by people who are not U.S. citizens to their family abroad, further punishing not only migrants but also their families and home countries while creating another method to collect information about someone’s immigration status.
The human cost of this legislation cannot be measured solely in dollars or detention beds. It must be understood through the experiences of families torn apart, children growing up in fear, workers afraid to report labor violations, survivors unable to access justice, and entire communities living under the constant threat of state violence.
This vision for the future, one that chooses mass incarceration over community investment is not inevitable. We still have time to stop this bill, but to do so we must mobilize comprehensive opposition that centers the voices and experiences of directly impacted communities.
The time for action is now. Our communities depend on it. We must choose community care over state-sanctioned violence.
In solidarity,
Catalina Velasquez
Pronouns: She/Her
Executive Director
[English above]
El Congreso está tramitando una legislación peligrosa y de gran alcance que, de aprobarse, beneficiaría a los más ricos y perjudicaría a los que menos tienen, especialmente los inmigrantes y otras comunidades marginadas.
Ayer, el Senado aprobó este proyecto de ley por un estrecho margen después de que el Vicepresidente Vance emitiera un voto de desempate. Este proyecto de ley de presupuesto ahora pasa a la Cámara de Representantes para una votación final. No se trata sólo de un presupuesto, sino de un plan cruel para expandir la violencia estatal contra las comunidades inmigrantes, aumentar las desigualdades raciales y económicas y reformar drásticamente nuestra sociedad mediante el encarcelamiento masivo y la exclusión sistemática.
En menos de seis meses, hemos visto cómo esta administración ha ido aumentando la violencia contra los inmigrantes y los refugiados. En el estado de Washington, hemos visto cómo docenas de trabajadores en Bellingham y en Kent fueron detenidos durante redadas en sus lugares de trabajo, de hecho trabajadores en todo el estado han sido repentinamente -y en algunos casos violentamente- separados de sus seres queridos por agentes de inmigración.
Hemos visto cómo el número de personas detenidas en el Centro de Detención del Noroeste en Tacoma aumenta por encima de su capacidad y las denuncias ante las condiciones inseguras y peligrosas de su función. Hemos visto el miedo en nuestras comunidades crecer como resultado de agentes de inmigración, enmascarados y sin identificación, llegar a hospitales, guarderías, tribunales, colegios comunitarios y supermercados deteniendo a personas en vehículos sin identificación.
De aprobarse, este mega proyecto presupuestario le daría un estimado de $150 mil billones a las agencias de inmigración para financiar una expansión de detenciones y deportaciones masivas nunca antes vista. Esto equivaldría a más de 13 veces el presupuesto actual de ICE, lo que significa 13 veces más redadas en el lugar de trabajo, 13 veces más detenciones, 13 veces más miedo en nuestras comunidades.
Nuestra Línea de Defensa contra la Deportación ya ha visto un aumento en los reportes de redadas, detenciones y arrestos desde que comenzó el año; este proyecto de ley sólo serviría para expandir el sistema de vigilancia y el miedo en nuestras comunidades.
Este proyecto de ley es la continuación de una larga historia de control económico racializado de los Estados Unidos que castiga a las familias inmigrantes y familias de bajos ingresos. La financiación propuesta se utilizaría para:
- Contratar a miles de agentes adicionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), aumentando el número de agentes que están usando tácticas agresivas sin ningún tipo de responsabilidad;
- Construir más de 2,000 millas de muro y barreras fronterizas a lo largo de las fronteras norte y sur y ampliar la vigilancia;
- Aumentar la capacidad de los centros de detención de ICE con el fin de detener a más de 100,000 personas, incluyendo a niños;
- Disminuir la protección y el apoyo a los niños inmigrantes, incluyendo a menores sin acompañantes, complicando más aún el reencuentro con sus familias por la eliminación de límites sobre el tiempo de detención de los niños;
- Aumentar drásticamente los gastos de procesamiento de solicitudes de inmigración, incluido el asilo, con el fin de ponerle un precio al acto de buscar seguridad y protección; y
- Aplicar un impuesto del 3.5% a los envíos de dinero a familiares en el extranjero por parte de personas que no son ciudadanas estadounidenses, castigando no sólo a los inmigrantes, sino también a sus familias y países de origen, mientras crea otro método para obtener información sobre el estatus migratorio de las personas.
El impacto de esta legislación no puede medirse sólo en dólares o en camas de detención. Hay que entenderlo a través de las experiencias de familias separadas, niños que crecen con miedo, trabajadores con miedo a denunciar violaciones laborales, sobrevivientes que no pueden acceder a la justicia y comunidades enteras que viven bajo la amenaza constante de la violencia estatal.
Esta visión para el futuro, una que elige el encarcelamiento masivo en lugar de la protección de la comunidad, no es inevitable. Todavía estamos a tiempo de detener este proyecto de ley, pero para lograrlo debemos movilizar una amplia oposición que centre las voces y las experiencias de las comunidades directamente impactadas.
Ha llegado el momento de tomar acción porque nuestras comunidades dependen de esto. Debemos elegir el cuidado comunitario en lugar de la violencia estatal.
En solidaridad,
Catalina Velasquez
Pronombre: Ella
Directora Ejecutiva